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Comunidades y L.O. Protección de Datos

Dispone el artículo 20 e) de la Ley de Propiedad Horizontal que corresponde  al Administrador:

e) Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.

¿Cómo compatibilizar este derecho de información de los vecinos  con el contenido de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), lugar común al que recurren muchas Comunidades y  sus Administradores para denegar información a sus miembros?

El artículo 11 de la citada Ley Orgánica recoge aquellos supuestos en los que se pueden ceder los datos personales de un tercero. A saber:

  1. Cuando el titular de los datos consienta.

  2. Cuando los datos procedan de una fuente accesible al público.

  3. Cuando la ley lo autorice.

Confrontando este último apartado con el mencionado precepto de la Ley de Propiedad Horizontal la pregunta es: ¿puede entenderse la obligación prevista en el artículo 20 e) de la LPH como un permiso genérico conferido al Administrador para facilitar a cualquier vecino que lo solicite, todos los documentos de su Comunidad aunque contengan datos personales de un tercero?

La respuesta ha de ser necesariamente negativa, debiendo entenderse que el derecho de información de los propietarios de una Comunidad,  tiene su límite en el derecho de los terceros que con ella se relacionan a la privacidad de sus datos personales.

Entonces, ¿qué datos podrá facilitar la Comunidad?

  1. De entrada, todos aquellos que contengan información y no incluyan datos personales, así como el presupuesto de gastos.

  2. También, los que expresamente permite la Ley de Propiedad Horizontal tales como: la incorporación de la relación de propietarios morosos a la convocatoria a Junta (art. 16.2 LPH), reflejo en el Acta del listado de propietarios asistentes y representados, con indicación de los que han votado a favor y en contra (19.1d y f LPH) o la colocación en el tablón de anuncios de la notificación remitida a un propietario cuando ha resultado imposible su notificación personal (art. 9.1 h)

  3. Y por último, será lícita la transmisión de datos cuando la finalidad para la que los solicitantes justifiquen la comunicación se encuentre amparada por la Ley de Propiedad Horizontal  

En mi opinión, estarían comprendidos en este apartado cuantos datos resulten necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Propiedad Horizontal a los propietarios que la integran (entre ellos, por ejemplo, el nombre y domicilio del propietario del piso superior que está causando  filtraciones al solicitante.

Al respecto ha señalado la Agencia Española de Protección de datos que “la comunicación deberá limitarse a aquellos datos que en cada caso resulten “adecuados, pertinentes y no excesivos” para el cumplimiento de la finalidad que legitima el acceso a los mismos”.

Hubiera sido deseable que la Agencia se pronunciase en términos más claros, dotando de seguridad a las Comunidades en un terreno tan delicado como éste y sujeto a importantes sanciones, -de 40.000 € a 300.000 € si la infracción es grave y de 300.000 € a 600.000 € si es muy grave-.

Pero no lo ha hecho, lo que está llevando a las Comunidades de Propietarios ante la ambigüedad de los términos empleados, a denegar información ante la más mínima duda, perjudicando los derechos de los propietarios-solicitantes que se ven abocados a acudir a la vía judicial para obtenerla.


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