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Blog

Indice IRPH Cuestiones Prejudiciales

Cuestiones prejudiciales a plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la reciente Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en cuanto al índice IRPH

En primer lugar, debemos señalar que desde nuestro despacho nos unimos a todos los compañeros de todo el territorio nacional que están trabajando por elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que en aras de compartir nuestros trabajo y conocimientos, venimos a realizar el presente artículo por el que expondremos tanto los motivos por los que entendemos que es de vital importancia que se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cuestiones prejudiciales, como las propias cuestiones que consideramos necesarias de resolución por dicho Tribunal:

Así, que habiendo sido dictada Sentencia por el Pleno de nuestro Tribunal Supremo con fecha 14 de diciembre de 2.017, por la que se ha declarado como válido el tipo oficial de interés IRPH Conjunto de Entidades, entre otros motivos, por no ser susceptible del control  de transparencia configurado según jurisprudencia del TJUE, a pesar de quedar como hecho probado que se trata de una Condición General de la Contratación.

Que habiéndose redactado en dicha Sentencia dos votos discrepantes fundamentados de manera profunda y extensa (folios 34 a 52 de la Sentencia), que reprochan al Alto Tribunal algo tan importante como que la resolución dictada resulta no ajustada a derecho y contraria a la Jurisprudencia del TJUE.

Y por último, que habiendo estudiado en profundidad los argumentos del Tribunal como por los dos Magistrados discrepantes, y no sólo por la incongruencia existente entre los mismos en una Sentencia cuya función pretendía ser unificadora, sino y con mayor importancia, debido a las dudas más que evidentes que ofrece la Sentencia dictada en su relación al control de transparencia que durante los últimos años viene configurando el TJUE, entendemos que es de capital importancia presentar las siguientes cuestiones al TJUE:

En primer lugar, es preciso preguntarse si el hecho de que la normativa sobre consumidores y condiciones generales, en concreto el art.4 LCGC y el art. 1.2 de la Directiva 93/13/CEE, excluyan de su ámbito de aplicación que el control de transparencia se proyecte “directamente” sobre disposiciones legales o administrativas, y de que nos encontremos ante un índice oficial como es el índice IRPH Entidades, debe entenderse (tal y como hace nuestro Alto Tribunal) como que se descarta que dicho “control de transparencia”  se proyecte o aplique, no sobre el índice como tal, sino también en su empleo o utilización en una contratación entre un empresario y un consumidor bajo condiciones generales a tenor de los especiales deberes de información que incumben al profesional o predisponente.

Asimismo, si, teniendo en cuenta el deber de transparencia contemplado en el art. 4.2 de dicha Directiva, debe entenderse que el profesional que utiliza dicho índice ha cumplido con ese deber de transparencia únicamente haciendo referencia a dicho índice oficial en una cláusula que es una condición general de la contratación predispuesta, tal y como ha reconocido nuestro TS. O si, por el contrario, debemos entender que la aplicación de dicho control de transparencia implicaría que el profesional debería haber establecido, de forma extensiva, el alcance y funcionamiento concreto del mecanismo de ese índice de referencia, de manera que el consumidor estuviese en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicho índice tendría sobre las obligaciones financieras que asume, y a su vez, estuviese en condiciones de valorar correctamente otras posibles ofertas de contratación.

En definitiva, entendemos que el TJUE debería esclarecer si puede entenderse superado el “control de transparencia” (tal y como está  configurado en SSTJUE de 14/06/2014; 20/09/2017, por ejemplo) por el profesional que incluye en un préstamo con garantía real contratado con un consumidor un índice oficial como el IRPH Entidades sin haber proporcionado información específica o adicional relativa al alcance y funcionamiento concreto del mismo en el marco del contrato de préstamo ofertado, sino incluyendo como única referencia informativa al respecto la propia denominación del tipo o índice (tanto en la fase precontractual, como en las fases de perfección y ejecución del contrato).

Por último, y entendiendo que esta cuestión puede extenderse a otro tipo de asuntos, si el hecho de que la STS aludida exija a un consumidor medio (“normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”, según el propio Tribunal) conocer el índice oficial impuesto por el empresario, así como sus consecuencias económicas, cuando dicho profesional que ha configurado la condición general que incide sobre elementos esenciales del contrato, no ha cumplido con el “plus” o exigencia de transparencia en la información suministrada que era mayor en estos casos, es contrario a lo que viene manteniendo el TJUE en numerosa jurisprudencia.


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